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La esencia de la democracia es el conocimiento por parte de los ciudadanos de las decisiones que se tomen en todas las cuestiones que pueden afectar sus vidas y del proceso de esa toma de decisión, de los datos y circunstancias que confluyen para tomarlas en base a ello y partiendo de la lógica, son estos mismos ciudadanos los más interesados en que se cumplan.

La transparencia en la gestión pública no puede ser opcional, sino obligatoria en cada ámbito y rincón de la Administración Pública, incluyendo todas las instituciones públicas o privadas que de algún modo reciban financiación pública, gestionen, directa o indirectamente financiación, ayudas, subvenciones o, en general, fondos muebles o inmuebles de carácter público, o las empresas que presten servicios para la población.

 

La transparencia pasa por ofrecer información veraz, exacta y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, actos administrativos, actas, protocolos, informes “contratos y gasto público de cualquier tipo y en cualquier administración o ente que getione con dinero público” o cualquier otra información que haya sido considerada en alguna toma de decisión; las recomendaciones, programas, agendas y planificaciones o cualquier otro documento realizado, emitido o recibido inherente al funcionamiento de alguna de estas estructuras, además de los datos financieros y tributarios de las personas físicas y jurídicas, los actos registrales de la propiedad, de actividad industrial, concesión de licencias, etc., de responsables de la gestión pública o de recursos de origen o interés público, han de ser públicos.

Los documentos no deberían tener ningún tipo de validez legal de no estar publicados y ser accesibles al ciudadano tanto por vía telemática como por vía analógica, así como ahora las leyes no tienen validez hasta su publicación en los Boletines Oficiales, nacionales, auotnómicos, provinciales y locales.

De esta forma, la ciudadanía será el vigilante necesario de todas las decisiones que le afectan y de todos los gastos públicos. Ésta es la única manera efectiva de acabar con la corrupción, lastre de la democracia del pasado y del presente, y de seguir igual en el futuro, pués los nuevos partidos catalogodados de populistas tras entrar en el poder nada han cambiado.

Por otra parte, y como norma general, las sesiones y actos de todas las entidades institucionales, políticas y administrativas, y de representación en todos los ámbitos territoriales y sus comisiones han de ser emitidas públicamente.

Se presentaron como nuestros empleados para representarnos, a cambio reciben un suculento sueldo inaccesible para la gran mayoría, por ello nos preguntamos;

¿de qué tienen que hablar que no debamos saber? si somos sus patronos, que empresa tienen empleados que le ocultan lo que hacen a sus jefes..

Nosostros exigimos y exigiremos el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona y pediremos la derogación del SILENCIO ADMINISTRATIVO, fuga de todo delincuente y corrupto para no ser juzgado, pero tambien la derogación del Archivo Provisional en la Ley de Enjuaciamiento Criminal, para evitar que los jueces y fiscales puedan acogerse a ella para no cumplir con sus obligaciones de perseguir a los delicuentes hasta las últimas consecuencias..Las estadísticas nos dicen que hasta el 99% de las denuncias por corrupción contra la clase política y la administración acaba sin juicio y bajo archivo provisional por no estar debidamente justificado el delito, pero a la contra, los mismos delitos denunciados contra particulares acaban en juicio oral en el 100% de los casos, lo que nos pone la descubierto la confabulación judicial y perversión de que la justicia no es igual para todos..

El derecho de acceso a la información se debe aplicar a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.

El derecho de acceso a la información se debe aplicar a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada ni quien tenga la potestad de su custodia.

La solicitud de cualquier petición de información debe ser por obligación sencilla, rápida y gratuita.

Los funcionarios tienen la obligación de facilitar el acceso a los solicitantes y caso de negarse, ser puestos a disposición inmediata, (horas) a disposición del juez para que responda por su falta, al igual que se hace con las infracciones de tráfico.

Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información han de ser siempre la excepción, debidamente justificada ante responsables que no tengan nada que ver con el ente de la negación y en su caso ante un juez de guardia.

Toda persona tiene que tener el derecho a recurrir de forma inmediata sin ningún tipo de dilacción ante un juez de guardia por las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar ninguna solicitud.

El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente y en su caso garatizar la apertura de juicio oral en vista pública para que nos esteremos todos.

Los habitantes del estado Español, deben tener por obligación legal y judicial derecho a acceder gratuitamente, de forma telemática (publicación en Internet) y analógica (impresión en papel a cargo del solicitante si es requerida a la administración), a la información y contabilidad de todas las Administraciones, instituciones y organismos públicos.

Entidades o empresas públicas.

Entidades o empresas privadas con participación pública. Entidades o empresas privadas que realicen funciones públicas.

Entidades o empresas privadas que reciben subvenciones públicas o que gestionen fondos muebles o inmuebles de carácter público.

Las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, y sean proveedoras del sector público u operen en los siguientes sectores económicos:

Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores.

Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, los planes de pensiones.

Servicios de suministro de agua.

Servicios de suministro de gas e hidrocarburos.

Servicios de suministro eléctrico.

Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía aérea, siempre y cuando sean financiados o reciban fondos públicos.

Para garantizar esta accesibilidad sin distinción de opciones o poder adquisitivo, además de para reducir gastos innecesarios, toda la información podrá encontrarse en formato analógico y en formato electrónico abierto, interoperable y descargable mediante servicios web de código abierto y accesible.

De este modo los libros de contabilidad y demás documentos de aquellas , asociaciones, entidades de caracter benéfico, fundaciones de todo tipo, oneg,s, y entes públicos en general aunque esten gestionados por particulares,  estarán a la vista permanentemente y actualizados para su consulta por los inetresados.

Todos los contratos y aplicaciones de gestión presupuestaria de las distintas entidades que concurran al dinero público deberán estar recogidas en una interfaz vía web que permita el acceso en tiempo real, de forma desagregada/detallada, a toda la contabilidad de dicha administración y a los documentos de soporte hasta el nivel de factura/recibo, inclusive poniendo todas las medidias necesarias para ofrecer la información vía postal de ser el caso necesario por confusión o incapacidad para buscarla el solicitante.

Dichas webs deberían permitir hacer búsquedas, crear listados, aplicar filtros y, por supuesto, exportar los datos a otros formatos (CSV, XML, etc.) que permitan su explotación posterior por cualquier ciudadano, así como la posibilidad de hacer comparativas y mejorar la oferta si fuese considerado necesario.

Como objetivo de usabilidad y accesibilidad, todas las instituciones que manejen dinero público deben incluir un índice claro de toda la información que tienen en su poder, así como de su lugar de publicación a través de internet.

Eliminar de forma urgente las clápsulas de confidencialidad como primera medida y la jura o promesa de guardar secreto de las deliberaciones en las administraciones y consejos administrativos donde circulen bienes públicos,.

Las administraciones públicas que gestionan servicios tienen que tener la obligación de poner sus bases de datos sobre actividad y resultados, debidamente anonimizadas, a disposición de la comunidad investigadora y las instituciones y personas interesadas.

El acceso a estas bases de datos debe tener carácter público.

Es necesaria una legislación específica par proteger y garantizar la transparencia e independencia informativa de los medios de comunicación.

Exigimos unas instituciones en las que la sostenibilidad y la calidad junto a la implementación real de la transparencia en la gestión pública y las penas correspondientes por su incumplimiento hace innecesaria una ulterior burocracia de control ya que ninguna transacción se podría realizar sin que fuese conocida, por tanto, se reducirían los políticos, las administraciones dedicadas a la buracroacia, los corruptos, la justicia se le reduciría en más del 80% las causas judiciales.

La transparencia tiene que ser y debe ser una herramienta de control de la clase política por parte de la ciudadanía, "vigilar al empleado para que cumpla con el patrono" y solo  la transparencia refuerza la capacidad del conjunto de la sociedad para tenerla.

En el momento que alguna persona opte a ser representante de la ciudadanía en cualquier institución, se conocerán todos sus datos fiscales publicamente, una declaración judicial de bienes que se investigará 5 años después de ecsar en el cargo para comprobar si hay enriquecimiento ilícito o desproporcionado en relación la cargo público, como no podría ni debería ser de otra forma.

A partir de estos prólogos, todo lo que interprete la Ley como "freno" distorsión, dilatación, ardiz e ignorancia deliberada y contumaz, o se enfrente con la transparencia de estas medidas debe ser derogado por DECRETO URGENTE,

Comisión de Quejas y Reclamaciones

Abrimos  la Comisión de Quejas y Reclamaciones como herramienta para fiscalizar la vida pública, política y de las administraciones.   Entendemos que hay que acabar con los cortijos paralelos y la creación de impedimentos de los derechos legales, dejando al descubierto con nombr ey apellidos quien o quienes los producen.

Después de un periodo de espera de varios meses, años, los ciudadanos finalmente tienen más opciones para dirigirse a las administraciones y grupos políticos, Pladesemapesga  aprobó dentro del equipo multidisciplinar de Acción y Transparencia Pública, la Comisión de Quejas y Reclamaciones, del cual ahora se abre el proceso de participación pública.

Hay que recordar que esto fue uno de los compromisos alcanzados en el pacto de la creacción de la Plataforma en defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia.

Pladesemapesga ha advertido que para el equipo multidisciplinar de la comisión se aceptarán voluntarios específicos o asesores que de forma altruista y voluntaria quiera aportar sus conocimientos.

Encuentranos en https://twitter.com/AccionT_Publica

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 AyTP Acción y Transparencia Publica..

Indecencia y falta de ética política de  las mareas bajo @XulioFerreiro + y @martinhonoriega +

La desinformación,también llamada manipulación informativa o manipulación mediática,[2] es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar @XulioFerreiro + y @martinhonoriega +